Gustavo Ve
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el Estado argentino aceleró una transformación silenciosa en su aparato de seguridad. Un reciente informe de Amnistía Internacional, titulado "Estado de vigilancia", revela la consolidación de un ecosistema de inteligencia artificial, reconocimiento facial y rastreo digital desplegado con un único rasgo distintivo: la ausencia total de controles judiciales e institucionales que le pongan freno.
Esta expansión no ocurre en el vacío. Representa la otra cara de la moneda del modelo tecnológico en marcha: mientras los datos sensibles de la ciudadanía migran hacia infraestructuras corporativas estadounidenses —profundizando ese proceso de dependencia y colonización cognitiva que ya hemos analizado en Cumbre Digital con la cesión de bases del RENAPER o la ANSES—, el frente interno compensa esa vulnerabilidad externa con un hipercontrol doméstico.
«Dependencia tecnológica hacia afuera; panóptico algorítmico hacia adentro.»
Durante este período, el Ministerio de Seguridad Nacional destinó más de 1,2 millones de dólares a licencias de software y biometría, cifra que se suma a los casi 48 millones de dólares ejecutados por la Ciudad de Buenos Aires para alcanzar una cobertura del 82% en videovigilancia con 3.400 nuevas cámaras.
El informe mapea la integración de cuatro componentes clave:
Desde la narrativa oficial, la incorporación de estas herramientas se justifica bajo un argumento difícil de cuestionar en la superficie: la modernización del Estado, la prevención del delito complejo y la optimización de la seguridad pública mediante datos. Es una propuesta atractiva en términos de gestión e innovación tecnológica.
Sin embargo, el informe de Amnistía desarticula esta premisa al exponer la asimetría de su aplicación. Al articular el ciberpatrullaje con normativas como el "Protocolo Antipiquetes", la promesa de "eficiencia" se convierte en la automatización de la sospecha, desplazando la persecución del crimen organizado en favor de un escrutinio preventivo sobre la ciudadanía.
Esa fricción entre la retórica de seguridad y la orientación real del software es la que sintetiza Matt Mahmoudi, investigador de Amnistía Internacional y autor principal del relevamiento:
"Se está utilizando la vigilancia generalizada contra la población argentina en los espacios tanto físicos como digitales, con efectos devastadores. Estas tecnologías se han convertido en parte integral de la infraestructura de control estatal: se ha atacado la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados."
— Matt Mahmoudi, investigador de Amnistía Internacional
Ese impacto invisible es el efecto inhibidor (chilling effect): la certidumbre de estar siendo grabado, cruzado en una base de datos y eventualmente perfilado altera la conducta cívica. Testimonios recopilados entre periodistas, activistas y jubilados dan cuenta de un fenómeno en marcha: la autocensura previa, el cambio de rutas de movilización y el progresivo abandono del espacio público.
Cuando el reconocimiento facial reemplaza a la presunción de inocencia y la inteligencia artificial se despliega en las calles sin un solo juez que audite sus sesgos, el ejercicio de la ciudadanía sufre una mutación irreversible. ¿Qué margen real le queda a la protesta o al disenso cuando el simple acto de caminar por la calle exige firmar la cesión involuntaria de la propia biometría para ser indexado en el servidor del Estado?
