El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto que busca reformar de manera sustancial la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.La iniciativa busca delegar en las provincias la facultad de habilitar proyectos extractivos en áreas protegidas, generando una fuerte resistencia de especialistas y organizaciones civiles por el riesgo sobre las reservas de agua dulce.
Actualidad17/12/2025 El Observatorio
Copyright: © Martin Katz / Greenpeace
El gobierno del presidente Javier Milei envió este lunes al Congreso un polémico proyecto para reformar la Ley de Glaciares (26.639), una norma sancionada en 2010 que protege estos ecosistemas vitales para el país. La iniciativa, que busca ser tratada en sesiones extraordinarias, propone un cambio de paradigma: trasladar a las provincias la potestad de decidir qué áreas glaciares y periglaciales pueden ser explotadas para actividades como la megaminería y la extracción de hidrocarburos.
Según el comunicado oficial, la reforma tiene como objetivo "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental". El Ejecutivo sostiene que la ley actual, con "graves falencias interpretativas", ha generado inseguridad jurídica y paralizado inversiones productivas en sectores estratégicos.
Sin embargo, para científicos, organizaciones ambientales y juristas, la modificación representa una "regresión ambiental" que pone en riesgo las reservas de agua dulce del país y viola principios constitucionales. La discusión, que promete ser intensa, enfrenta la promesa de desarrollo económico de las provincias mineras con la urgencia de proteger un recurso estratégico en un contexto de crisis hídrica y cambio climático.
Los pilares del cambio: federalismo y "función hídrica efectiva"
El proyecto de reforma introduce modificaciones sustanciales en varios artículos clave de la ley, reorientando su espíritu original de protección absoluta.
El cambio más radical es la delegación de autoridad a las provincias. La iniciativa fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental y les reconoce capacidad técnica y científica para tomar decisiones sobre sus recursos naturales. En la práctica, esto significa que cada jurisdicción podrá determinar qué glaciares y geoformas periglaciales están protegidos y bajo qué condiciones se pueden autorizar actividades extractivas.
En segundo lugar, se redefine el alcance de la protección. La reforma propone que la preservación se aplique específicamente a los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una "función hídrica efectiva" como reserva estratégica de agua o recarga de cuencas. Las geoformas que, según la evaluación provincial, no cumplan esta función quedarían fuera del amparo específico de la Ley de Glaciares, aunque seguirían protegidas por la ley General del Ambiente.
Finalmente, se modifica el régimen de prohibiciones. Aunque el artículo 6 mantiene la prohibición de actividades que alteren de modo relevante las funciones de estos ecosistemas, la gran novedad es que la determinación de qué constituye una "alteración relevante" queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental realizada por cada provincia. Esto desplaza la prohibición genérica actual por un análisis caso por caso, sujeto a la autoridad local.
Argumento oficial: desarrollo, inversiones y "reglas claras"
El gobierno fundamenta la reforma en dos artículos de la Constitución Nacional: el 41, que exige proteger el ambiente "sin impedir el desarrollo humano", y el 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.
La iniciativa responde directamente a los reclamos de las provincias productoras de litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y cobre (Mendoza y San Juan), agrupadas en las "Mesas del Litio y del Cobre". Estas jurisdicciones argumentan que la ley vigente, por su ambigüedad, ha obstaculizado el "desarrollo económico sostenible".
Según el sector minero, la flexibilización destrabaría proyectos de inversión multimillonarios. Solo en la industria del cobre, se estima que el 75% de los proyectos anunciados necesitan una aclaración de la ley porque están en zonas consideradas periglaciares. El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, señaló que estas inversiones potenciales ascenderían a unos US$35.000 millones.
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Alarma por el agua y "regresión ambiental"
Las voces críticas se alzan con fuerza ante lo que consideran un retroceso peligroso. Más de 25 organizaciones ambientales de todo el país ya han expresado su preocupación, advirtiendo que la reforma habilita actividades de alto impacto que podrían llevar a la "pérdida del agua almacenada" en los glaciares.
Los expertos señalan varios puntos de alarma. El primero es el riesgo hídrico. Los glaciares y el ambiente periglacial son reguladores cruciales del recurso hídrico, especialmente en regiones áridas como Cuyo. Su alteración podría agravar la crisis de agua que ya afecta a varias provincias.
El segundo es la violación del principio de no regresión ambiental, que impide retroceder en los niveles de protección alcanzados. Para los críticos, delegar en las provincias la definición de qué se protege elimina los "presupuestos mínimos" nacionales que garantizan un piso de cuidado uniforme en todo el territorio.
Finalmente, existe el fantasma de la inseguridad jurídica. La reforma omite el trabajo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), encargado del Inventario Nacional de Glaciares, y en su lugar otorga a las provincias la potestad de informar sobre la existencia o pérdida de funciones hídricas de los glaciares. Esto, lejos de clarificar, podría generar un mosaico de criterios contradictorios y disputas legales.
Un debate con historia y un futuro incierto
La Ley de Glaciares nació en 2010 tras una fuerte presión de la sociedad civil y la comunidad científica, y en 2019 la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad, reafirmando que los glaciares son bienes públicos y que el acceso al agua prevalece sobre intereses individuales. Este antecedente jurisprudencial pesará sobre el debate parlamentario.
El gobierno ya intentó una reforma similar en 2024, que no prosperó por la contundente oposición ambientalista. Ahora, con el proyecto formalmente en el Congreso, la pulseada se repite. El Ejecutivo pidió "celeridad" en el tratamiento, argumentando que es clave para el crecimiento productivo
Los datos sobre el retroceso glaciar son contundentes. Un informe argentino ante la ONU reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos. En este contexto, la discusión sobre la reforma no es solo legal o económica, sino una definición sobre qué patrimonio natural y qué futuro hídrico quiere defender la Argentina.
Mientras tanto en distintos distritos de Mendoza,los ciudadanos siguen resistiendo y dando batalla contra la "ley de minería Uspallata", resultado de la luz verde legislativa al Proyecto San Jorge, que representa un cambio significativo en la política minera de la provincia.
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Uruguay se sumó el pasado 15 de octubre a la reducida lista de los países del mundo que permiten la eutanasia, convirtiéndose en el primero de América Latina en aprobarla por ley. En Argentina,el derecho a decidir el cómo y cuándo morir,ante diagnósticos terminales, irreversibles o degenerativos, resurge impulsado por la decisión del parlamento uruguayo, y se sustenta en un argumento contundente: “Si cada persona puede elegir cada día cómo vivir, ¿por qué no puede también, decidir cómo morir?".
En Suiza, los ciudadanos tienen el poder de veto sobre las leyes del gobierno, con este sistema el parlamento no tiene la última palabra sobre la aprobación o tratamiento en tablas de las mismas Este mecanismo, conocido como "referéndum facultativo" u "opcional", permite al pueblo rechazar de forma directa, normas que no cuentan con su apoyo. ¿El único requisito? Que se reúnan 50.000 firmas en un plazo de 100 días .
La mañana del 9 de octubre de 1967, en la humilde escuelita del pueblo de La Higuera, Bolivia, se apagaba la vida de uno de los revolucionarios más icónicos del siglo XX: Ernesto "Che" Guevara. Su ejecución, ordenada por el presidente boliviano René Barrientos y con la inconfundible participación de la CIA, marcó el fin trágico de una epopeya guerrillera, pero el comienzo de su transformación en un símbolo eterno de la lucha contra la injusticia.
En varios paises se conmemora el 6 y 9 de agosto como fechas luctuosas. Se las denomina "Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad". Este 2025 se cumplen 80 años del ataque atómico norteamericano a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió el pasado 25 de febrero en Asunción con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, para impulsar las obras del Corredor Bioceánico Norte Eje Capricornio. Este ambicioso proyecto, que busca conectar Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, ha generado grandes expectativas de desarrollo económico, pero también profundas preocupaciones por su impacto en las comunidades indígenas de Salta, especialmente en la región de Santa Victoria Este.
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En un país donde la negociación salarial se ha convertido en un espejo cóncavo de la moral pública,el abismo entre lo ofrecido y lo necesario para que los trabajadores puedan sustentarse, es un profundo dilema filosófico,moral y bíblico sobre la justicia, la dignidad humana y la distribución de la riqueza. Un aumento minúsculo que apenas cubra el precio de un kilo de pan, no es solo un mal cálculo financiero; es, en esencia, un acto de opresión. Cien veces lo dijo el profeta Amós: "He aquí, pesan por menos precio al menesteroso" (Amós 8:6). El profeta no solo condena el fraude o la usura, sino la desvalorización sistemática de la fuerza de trabajo del pobre, comprándolo por un precio irrisorio.La brecha entre la retórica del bien común y las prácticas concretas, contradicen los fundamentos bíblicos de la justicia social.
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