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El gobierno del presidente Javier Milei envió este lunes al Congreso un polémico proyecto para reformar la Ley de Glaciares (26.639), una norma sancionada en 2010 que protege estos ecosistemas vitales para el país. La iniciativa, que busca ser tratada en sesiones extraordinarias, propone un cambio de paradigma: trasladar a las provincias la potestad de decidir qué áreas glaciares y periglaciales pueden ser explotadas para actividades como la megaminería y la extracción de hidrocarburos.
Según el comunicado oficial, la reforma tiene como objetivo "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental". El Ejecutivo sostiene que la ley actual, con "graves falencias interpretativas", ha generado inseguridad jurídica y paralizado inversiones productivas en sectores estratégicos.
Sin embargo, para científicos, organizaciones ambientales y juristas, la modificación representa una "regresión ambiental" que pone en riesgo las reservas de agua dulce del país y viola principios constitucionales. La discusión, que promete ser intensa, enfrenta la promesa de desarrollo económico de las provincias mineras con la urgencia de proteger un recurso estratégico en un contexto de crisis hídrica y cambio climático.
Los pilares del cambio: federalismo y "función hídrica efectiva"
El proyecto de reforma introduce modificaciones sustanciales en varios artículos clave de la ley, reorientando su espíritu original de protección absoluta.
El cambio más radical es la delegación de autoridad a las provincias. La iniciativa fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental y les reconoce capacidad técnica y científica para tomar decisiones sobre sus recursos naturales. En la práctica, esto significa que cada jurisdicción podrá determinar qué glaciares y geoformas periglaciales están protegidos y bajo qué condiciones se pueden autorizar actividades extractivas.
En segundo lugar, se redefine el alcance de la protección. La reforma propone que la preservación se aplique específicamente a los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una "función hídrica efectiva" como reserva estratégica de agua o recarga de cuencas. Las geoformas que, según la evaluación provincial, no cumplan esta función quedarían fuera del amparo específico de la Ley de Glaciares, aunque seguirían protegidas por la ley General del Ambiente.
Finalmente, se modifica el régimen de prohibiciones. Aunque el artículo 6 mantiene la prohibición de actividades que alteren de modo relevante las funciones de estos ecosistemas, la gran novedad es que la determinación de qué constituye una "alteración relevante" queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental realizada por cada provincia. Esto desplaza la prohibición genérica actual por un análisis caso por caso, sujeto a la autoridad local.
Argumento oficial: desarrollo, inversiones y "reglas claras"
El gobierno fundamenta la reforma en dos artículos de la Constitución Nacional: el 41, que exige proteger el ambiente "sin impedir el desarrollo humano", y el 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.
La iniciativa responde directamente a los reclamos de las provincias productoras de litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y cobre (Mendoza y San Juan), agrupadas en las "Mesas del Litio y del Cobre". Estas jurisdicciones argumentan que la ley vigente, por su ambigüedad, ha obstaculizado el "desarrollo económico sostenible".
Según el sector minero, la flexibilización destrabaría proyectos de inversión multimillonarios. Solo en la industria del cobre, se estima que el 75% de los proyectos anunciados necesitan una aclaración de la ley porque están en zonas consideradas periglaciares. El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, señaló que estas inversiones potenciales ascenderían a unos US$35.000 millones.
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Alarma por el agua y "regresión ambiental"
Las voces críticas se alzan con fuerza ante lo que consideran un retroceso peligroso. Más de 25 organizaciones ambientales de todo el país ya han expresado su preocupación, advirtiendo que la reforma habilita actividades de alto impacto que podrían llevar a la "pérdida del agua almacenada" en los glaciares.
Los expertos señalan varios puntos de alarma. El primero es el riesgo hídrico. Los glaciares y el ambiente periglacial son reguladores cruciales del recurso hídrico, especialmente en regiones áridas como Cuyo. Su alteración podría agravar la crisis de agua que ya afecta a varias provincias.
El segundo es la violación del principio de no regresión ambiental, que impide retroceder en los niveles de protección alcanzados. Para los críticos, delegar en las provincias la definición de qué se protege elimina los "presupuestos mínimos" nacionales que garantizan un piso de cuidado uniforme en todo el territorio.
Finalmente, existe el fantasma de la inseguridad jurídica. La reforma omite el trabajo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), encargado del Inventario Nacional de Glaciares, y en su lugar otorga a las provincias la potestad de informar sobre la existencia o pérdida de funciones hídricas de los glaciares. Esto, lejos de clarificar, podría generar un mosaico de criterios contradictorios y disputas legales.
Un debate con historia y un futuro incierto
La Ley de Glaciares nació en 2010 tras una fuerte presión de la sociedad civil y la comunidad científica, y en 2019 la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad, reafirmando que los glaciares son bienes públicos y que el acceso al agua prevalece sobre intereses individuales. Este antecedente jurisprudencial pesará sobre el debate parlamentario.
El gobierno ya intentó una reforma similar en 2024, que no prosperó por la contundente oposición ambientalista. Ahora, con el proyecto formalmente en el Congreso, la pulseada se repite. El Ejecutivo pidió "celeridad" en el tratamiento, argumentando que es clave para el crecimiento productivo
Los datos sobre el retroceso glaciar son contundentes. Un informe argentino ante la ONU reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos. En este contexto, la discusión sobre la reforma no es solo legal o económica, sino una definición sobre qué patrimonio natural y qué futuro hídrico quiere defender la Argentina.
Mientras tanto en distintos distritos de Mendoza,los ciudadanos siguen resistiendo y dando batalla contra la "ley de minería Uspallata", resultado de la luz verde legislativa al Proyecto San Jorge, que representa un cambio significativo en la política minera de la provincia.
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