La cumbre de Washington: una "arquitectura" en debate
La diplomacia estadounidense ha dado un paso que recuerda los episodios más complejos de la historia regional. Bajo el liderazgo del secretario de Estado, Marco Rubio, el Departamento de Estado convocó a representantes de más de 60 países a la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político
Desde la perspectiva de los organizadores y promotores del encuentro, la iniciativa responde a una necesidad postergada: actualizar los marcos de seguridad frente a lo que consideran un salto cualitativo en la violencia de grupos radicalizados de izquierda y redes de protesta violenta en el hemisferio. En su intervención, Rubio argumentó que la agenda global focalizada en el yihadismo generó un "punto ciego" sobre la extrema izquierda, mencionando antecedentes históricos como Montoneros y los Tupamaros para ilustrar el riesgo de no intervenir a tiempo.
Argentina: la justificación oficial frente al rechazo opositor
El gobierno de Javier Milei no solo respaldó la cumbre, sino que ratificó su integración al esquema a través de la presencia del canciller Pablo Quirno.
La postura del Gobierno: Desde la Cancillería argentina defienden la participación como un paso coherente con la alineación estratégica del país con Estados Unidos y las democracias occidentales, argumentando que la cooperación multinacional en inteligencia es indispensable para prevenir el crimen transnacional y proteger las instituciones democráticas.
La advertencia opositora: En la vereda opuesta, figuras de la oposición encendieron las alarmas. El exministro de Defensa Agustín Rossi tildó de "muy peligrosa" la articulación y exigió precisiones sobre si se compartirá información de inteligencia sobre activistas locales con organismos extranjeros.
En la misma línea, la diputada Myriam Bregman (FIT-U) anticipó un pedido de informes al considerar que la iniciativa abre la puerta a la injerencia externa en la política local.
| El énfasis en la cooperación policial y el intercambio de datos transfronterizo evoca de inmediato el recuerdo del Plan Cóndor . Diseñado e implementado en las décadas de 1970 y 1980 por las dictaduras militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia), este sistema clandestino de coordinación represiva contó con el respaldo de EE. UU. para el intercambio de inteligencia, persecución, secuestro y ejecución extrajudicial de opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. |
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la Cumbre al señalar que se promueven "alianzas que recuerdan a la tenebrosa Operación Cóndor".
Sin embargo, el encuadre de esta doctrina no mira solo hacia el exterior. Dentro del ámbito doméstico estadounidense, la retórica apunta a la disidencia interna: en diversas intervenciones públicas en medios y foros conservadores, figuras influyentes del entorno trumpista como Stephen Miller han calificado reiteradamente a movimientos como Antifa de "cáncer" social, promoviendo el uso del aparato de seguridad estatal contra la protesta urbana.
El dato no dicho: la amenaza del supremacismo blanco
El punto de mayor controversia alrededor del discurso de Rubio no reside únicamente en su impacto geopolítico, sino en su distanciamiento de la propia evidencia empírica.
A diferencia del diagnóstico presentado en la cumbre, los informes oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS)—como el Homeland Threat Assessment— y las investigaciones del Center for Strategic and International Studies (CSIS) coinciden de forma consistente: la amenaza terrorista doméstica más letal, organizada y persistente en suelo estadounidense desde el año 2000 proviene del supremacismo blanco y los grupos de extrema derecha radical, no de organizaciones de izquierda.
Esta omisión deliberada cumple una función política estratégica.
Al sobredimensionar la amenaza de la izquierda y esquivar el riesgo demostrado del extremismo racial, la narrativa impulsada desde Washington consolida un enemigo ideológico útil para el escenario electoral interno.
Al mismo tiempo, construye un marco normativo transnacional que habilita la persecución y criminalización de la protesta social bajo la elástica categoría de "terrorismo".
La iniciativa sienta así un precedente complejo para el futuro de las libertades democráticas en la región.
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