Gustavo Ve
El mapa de la migración estatal
La contratación dispersa de servicios en la nube (AWS, Google Cloud, Azure, Oracle) iniciada en 2017 se transformó bajo la gestión de Javier Milei en una estrategia centralizada de almacenamiento externo.
Hoy, información crítica sobre la vida ciudadana reside en servidores de firmas sin sede ni jurisdicción en Argentina:
La pinza normativa: DNU 941/2025 y el acuerdo bilateral La arquitectura de esta política se apoya en dos pilares legales complementarios. Por un lado, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 941/2025 (publicado en enero de 2026) reorganizó la estructura del sistema de inteligencia y creó la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) bajo la órbita de la SIDE, obligando a agencias como RENAPER o Aduana a compartir información sin previa orden judicial.
| "Desde el Gobierno aseguran que estas medidas buscan 'modernizar el Estado y garantizar la seguridad de los datos', aunque hasta el momento no han detallado qué resguardos legales se aplicarán en caso de un conflicto de jurisdicción." |
Esto colisiona directamente con el principio de autodeterminación informativa de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, convirtiendo al Estado en un concentrador de inteligencia interna sin contrapesos institucionales.
Por otro lado, el acuerdo de comercio digital con Estados Unidos (anunciado en noviembre de 2025) compromete a la Argentina a habilitar la transferencia transfronteriza de datos y reconocer a EE.UU. como "jurisdicción adecuada".
Si bien juristas y abogados especializados remarcan que a la fecha la medida opera como una declaración de intenciones sin ley ni reglamentación formal del Congreso que la instrumente, traza un rumbo claro: habilitar la salida de información personal bajo un marco legal estadounidense que ha desregulado el uso de datos para favorecer el desarrollo de inteligencia artificial.
El factor Thiel: entre los hechos y la hipótesis de riesgo
En esta trama irrumpen la figura de Peter Thiel y su firma Palantir, proveedora estratégica del Pentágono, la CIA y el servicio de inmigración estadounidense (ICE):
La trampa teórica: la "Dependencia Digital" Este fenómeno trasciende la mera externalización de un servicio informático. Como analiza la economista e investigadora argentina Cecilia Rikap en su abordaje sobre la Teoría de la Dependencia Digital y los monopolios intelectuales de las Big Tech, la cesión de la infraestructura informacional del Estado consolida una subordinación de nuevo tipo.
Para Rikap, cuando un Estado periférico subcontrata el almacenamiento y procesamiento de sus datos soberanos a corporaciones dominantes, no solo entrega información sensible: queda atrapado en un esquema de extractivismo de datos donde la capacidad de innovación, el aprendizaje tecnológico y la acumulación de valor quedan concentrados en el centro corporativo. El país proveedor de los datos pierde la capacidad de decidir cómo, para qué y con qué fines se explota el activo más valioso de la era digital.
La paradoja de ARSAT: infraestructura lista, decisión política de postergarla La narrativa oficial presenta la migración a nubes corporativas extranjeras como un paso inevitable hacia la eficiencia técnica. Sin embargo, el contraste más agudo de esta política no es conceptual, sino material.
| "Hay una pérdida de control sobre la información estatal y el posible acceso de terceros a datos sensibles y confidenciales" |
La Argentina cuenta con el Centro Nacional de Datos de ARSAT: una infraestructura pública con certificación internacional Tier 3, integrada a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), con una capacidad de 6 petabytes en expansión a 30 PB y con un 90% de ocupación en sus tres salas. Los servidores alojados en suelo nacional garantizan lo que ninguna multinacional puede ofrecer: soberanía, auditabilidad y territorialidad.
 Un juez argentino puede intervenir, auditar o frenar un uso indebido en Benavídez; pero en un servidor instalado, por ejemplo, en Virginia, la trazabilidad legal queda supeditada a tribunales y leyes extranjeras como la US CLOUD Act. (2018) que permite al gobierno de EE.UU. acceder a datos almacenados por empresas estadounidenses en cualquier parte del mundo, sin necesidad de avisar al país de origen |
Tener la infraestructura soberana y no usarla no es una limitación técnica: es una decisión política.
Tener la infraestructura soberana equipada, certificada y en pleno funcionamiento, mientras el propio Estado externaliza la custodia de su información crítica a firmas estadounidenses, expone el fondo del asunto: no se trata de una limitación tecnológica del país, sino de una deliberada decisión política de ceder soberanía sobre sus datos.
