"La Vendimia es la fiesta del pueblo mendocino donde se celebra y agradece por el agua, el vino, La Vida." La reciente vía libre otorgada por el gobierno a proyectos de megaminería contaminante amenaza con la "muerte de nuestros ríos,viñedos y todo aquello que forjó nuestra esencia e identidad misma.",manifiestan las organizaciones sociales defensoras del Agua Pura.
Un llamado a boicot sin precedentes estremece los preparativos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Distintas Asambleas en Defensa del Agua han convocado a los mendocinos —artistas, técnicos, trabajadores y especialmente a las reinas y candidatas vendimiales— a no inscribirse, no participar y no asistir a los festejos. La demanda es clara y contundente: exigen la derogación de la megaminería a cielo abierto, cuyo avance institucional se concretó esta semana con la aprobación del proyecto de cobre San Jorge.
“No vamos a permitir que se celebre la Vendimia mientras detonan nuestra cordillera y envenenan nuestros ríos”, afirman los manifestantes, quienes ven en la festividad no solo un espectáculo, sino la celebración del agua, el vino y la vida de la provincia.
Un conflicto con raíces profundas: La Ley 7722
El corazón de este enfrentamiento es la Ley 7722, sancionada en 2007 tras años de movilización ciudadana. Conocida como la “Guardiana del Agua”, esta ley originalmente prohibía en el territorio mendocino el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería metalífera. Fue un triunfo histórico de las asambleas, que desde 2003 se organizaron inspiradas en la lucha de Esquel, Chubut.
Sin embargo, la ley ha sufrido modificaciones. En 2019, una reforma impulsada por el entonces gobernador Rodolfo Suárez —rápidamente derogada tras masivas protestas conocidas como el “Mendozazo”— eliminó la lista específica de químicos prohibidos. En 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la frase “y otras sustancias tóxicas similares” por considerarla muy vaga. Este fallo abrió una ventana legal para el uso de sustancias como el xantato, clave para la flotación de minerales de cobre.
El punto de inflexión: La aprobación del Proyecto San Jorge
El martes 9 de diciembre de 2025, el Senado provincial, con un amplio acuerdo político, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino (San Jorge). El gobierno nacional lo calificó como un “hito histórico” y un símbolo de progreso, destacando una inversión proyectada de USD 600 millones.
Para la comunidad, esta aprobación es una “traición”. El proyecto, ubicado a 37 km de Uspallata, implica una mina a cielo abierto de 1.700 por 950 metros y utilizará millones de litros de agua de la cuenca del Río Mendoza. Para los asambleístas, es la “punta de lanza” de un paquete mayor que incluye la habilitación de exploración para otros 27 proyectos en Malargüe.
Dentro de la Legislatura, la sesión estuvo marcada por discursos sobre desarrollo y empleo. La vicegobernadora Hebe Casado afirmó que todo se hacía “dentro de la 7722” y que había “licencia social”, reflejada en los 29 votos a favor y 6 en contra.
Afuera, en la Plaza Independencia,miles de personas provenientes de todos los valles de la provincia se congregaron tras vallas policiales. “El agua de Mendoza, no se negocia”, era el grito que unificaba a la multitud, que denunciaba una profunda “crisis de representación”.
La respuesta: Un llamado a proteger la identidad
Frente a esta avanzada, las asambleas han decidido apelar al símbolo más preciado de la identidad mendocina: la Vendimia. La fiesta, que en 2026 cumplirá 90 años, es un complejo entramado cultural que incluye a la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (CORENAVE). Esta asociación civil, formada por ex soberanas, no solo participa en los jurados de elección, sino que capacita a las candidatas y trabaja en la preservación de la tradición.
El llamado a las reinas y candidatas a renunciar al certamen es, por lo tanto, un golpe al corazón simbólico de la fiesta. Busca evidenciar la incompatibilidad entre un modelo económico extractivista y una celebración que, según los manifestantes, nace y depende del agua pura de los deshielos cordilleranos.
La criminalización de la protesta
El conflicto tiene también una dimensión de derechos humanos.Desde febrero de 2025, dos defensores ambientales de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Federico Soria y Mauricio Cornejo, enfrentan cargos criminales por “coerción ideológica”, en base a un artículo del Código Penal de la época dictatorial.La Policía de Mendoza realizó este jueves un operativo represivo en el que persiguió y detuvo a manifestantes Las detenciones fueron 13, entre ellos dos trabajadores de prensa, que fueron liberados cerca del mediodía. Alfredo Cornejo no ofreció respuestas oficiales por el violento operativo.
Organizaciones internacionales han denunciado estos hechos como un intento de amedrentar a quienes se oponen al proyecto minero.
El debate expone dos modelos de provincia irreconciliables:
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Con la Vendimia en el centro de la disputa, Mendoza se enfrenta a una elección identitaria. La pregunta que resuena en las asambleas y que el gobierno deberá responder en los próximos meses es simple en su formulación y tremendamente compleja en sus implicancias: ¿Puede una provincia celebrar la vida que da el agua mientras abre las puertas a una actividad que, para una parte fundamental de su pueblo, significa la potencial muerte de sus ríos?
La respuesta se escribirá en las calles, en los viñedos y, posiblemente, en el escenario vacío de la fiesta máxima.
