Gustavo Ve
La narrativa Tradwife y su derivado rioplatense (las tendencias en redes que romantizan la figura del "hombre proveedor") omiten deliberadamente una verdad histórica: la autonomía económica de las mujeres es la principal barrera de defensa contra la violencia doméstica.
Al promover la dependencia financiera y emocional como un estado de plenitud, estos discursos desarman materialmente a las mujeres. Una víctima sin ingresos propios, aislada en el ámbito privado y convencida de que su subordinación es un mandato natural, carece de las herramientas básicas para romper el ciclo de la violencia antes de que este escale hacia desenlaces fatales.
Si bien no existe una causalidad lineal entre una tendencia de redes sociales y la firma de un decreto gubernamental, ambos fenómenos operan en una correlación política evidente: la validación cultural del repliegue femenino al ámbito privado legitima y normaliza el retiro del Estado en su rol de garante de derechos.
Esta convergencia se materializa en el ahogo financiero de las políticas públicas de protección. Informes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), como “Libradas a su suerte” (2024) y “Más allá de los números” (2025), exponen el desmantelamiento institucional con datos inapelables: el programa Acompañar sufrió una caída del 90% en 2024 y directamente dejó de figurar como partida presupuestaria a partir de 2025. En paralelo, la Línea 144 de atención telefónica perdió dos tercios de su presupuesto y el 45% de su personal, vaciando de recursos los dispositivos territoriales de asistencia directa.
Mientras el discurso público minimiza la desigualdad estructural, la realidad impone su propia crudeza estadística. Según el Observatorio "Adriana Marisel Zambrano" de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, el año 2025 cerró con 262 víctimas fatales por violencia de género en el país. Por su parte, el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reportó 200 víctimas directas en el mismo período.
Cabe destacar que ambas fuentes miden universos metodológicos distintos: mientras el observatorio civil de La Casa del Encuentro realiza un relevamiento temprano de los casos publicados en medios de comunicación de todo el país, el registro de la Corte Suprema procesa únicamente expedientes formalmente judicializados y ratificados por las justicias provinciales. Más allá de la brecha técnica, ambas cifras confirman que el hogar sigue siendo el espacio más peligroso para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Cuando la pedagogía de la sumisión se normaliza a través de pantallas algorítmicamente programadas y el Estado retira de forma paralela las redes de contención económica y judicial, el mensaje para el agresor se tiñe de impunidad. En un país donde las estadísticas de violencia no dan tregua, idealizar la pérdida de derechos no es una opción estética inocente: es una complicidad discursiva que termina costando vidas.
Mientras las pantallas de las redes sociales continúan vendiendo la idílica y segura fantasía de la sumisión voluntaria, la realidad más cruda y trágica en el territorio se empeña en recordar los peligros reales de desmantelar la autonomía de las mujeres. El reciente femicidio de Karina Cáceres, una joven de 22 años y madre de un niño, cuyo cuerpo fue hallado en un pozo ciego en la localidad bonaerense de José C. Paz tras la confesión del agresor, vuelve a poner de manifiesto la urgencia de una protección estructural. En un contexto donde la violencia de género sigue cobrándose vidas cotidianamente, las propuestas de ceder la representación política, el voto individual o la independencia bajo la promesa romántica de la "protección del hogar" dejan de ser debates teóricos inocentes en internet. Son discursos que invisibilizan una vulnerabilidad sistémica que solo se combate con más derechos, mayor participación pública y una autonomía real que garantice, ante todo, el derecho más básico de todos: el de seguir vivas. |
