Ambientalistas en la mira de la SIDE

Un documento secreto de 170 páginas, el Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN) , ha desatado una tormenta política en Argentina. Aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) bajo la dirección de Sergio Neiffert –hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo–, el plan incluye entre sus blancos prioritarios a organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas, científicos y actores internacionales vinculados a la agenda climática . La revelación, filtrada inicialmente por el diario La Nación y verificada por múltiples fuentes independientes , expone una estrategia de vigilancia que críticos califican de "escalofriante y antidemocrática" .  

El blanco ambientalista: "Obstrucción de proyectos estratégicos"
El PIN 2025, elaborado en secreto durante el segundo semestre de 2024, dedica un Lineamiento Estratégico completo (LE #5) a los "Recursos naturales estratégicos". En él se ordena:  
"Identificar, reunir y analizar información sobre actores estratégicos vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de recursos naturales estratégicos" .  

 Con el objetivo de prevenir la "interferencia y conflictividad" que los movimientos ambientalistas podrían generar contra los planes económicos del gobierno de Milei,el documento menciona  explícitamente cómo sectores críticos

•  Sector energético y petroquímico (incluyendo proyectos de hidrocarburos).  
• Minería (cobre, aluminio, acero y minerales para transición energética).
• Agroindustria y biotecnología .  

 Para ambientalistas como Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), esto equivale a una criminalización de la protesta legítima y se pregunta :  
¿Nos siguen físicamente? ¿Infiltran nuestras comunicaciones? ¿Preparan operaciones para desprestigiarnos? . 

Ambivalencia legal y órdenes secretas 
El PIN opera en un marco de deliberada ambigüedad. Términos como "manipular la opinión pública", "generar pérdida de confianza en políticas económicas" o "distorsión cognitiva" no están definidos, permitiendo interpretaciones que podrían incluir a:  

- Periodistas que cuestionen operativos de seguridad .  

- Académicos e intelectuales  críticos de las políticas económicas .

- Influencers que difundan análisis contra el gobierno .  

Esta ambigüedad se materializó en enero de 2025, cuando el director de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz –exabogado ambientalista–, firmó una directiva secreta ordenando "identificar y monitorear a grupos sociales vulnerables y actores no estatales que capitalicen la polarización política" . La orden, aún vigente, no especifica límites metodológicos para la recolección de datos.  

Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad contra Neiffert y Kravetz . Según Paula Litvachky (CELS), el plan viola la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que prohíbe expresamente el espionaje por motivos políticos o ideológicos .  

Por su parte la comunidad científica y climática internacional también reaccionó. Andrés Nápoli (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) advirtió:  
"Si el texto es real, estamos ante una política de Estado contra el ambientalismo. Ya es una vulneración a nuestra seguridad" .  

Libertad Vigilada o Democracia Restringida en nombre de la "gobernabilidad"

El PIN 2025 trasciende el espionaje ambiental:  

1. Criminalización de ideologías Incluye como "terroristas" a actores que promuevan la "ausencia de autoridad estatal" –ironía para un gobierno autodenominado "anarcocapitalista".
2. Vigilancia masiva: Usa inteligencia artificial para detectar "distorsiones de percepción", sin regulaciones que protejan datos personales .
3. Opacidad institucional: El decreto DNU 614 de Milei elevó al máximo el secreto de las actividades de la SIDE, debilitando controles del Congreso y la Justicia .  

El plan expone una contradicción irresoluble  en el gobierno de Milei: proclama la "libertad" mientras construye un aparato de vigilancia estatal sin precedentes. Para movimientos sociales, científicos y pueblos originarios, la pregunta ahora es si Argentina retrocede a una era donde disentir equivale a ser "objetivo de inteligencia".

Mientras la Comisión Bicameral del Congreso debate si cita a Neiffert para dar explicaciones, la sociedad argentina enfrenta una incongruencia creciente:

 ¿Puede un gobierno que espía a sus ciudadanos y a quienes defienden la tierra,la pureza de las aguas, la no contaminación ambiental  llamarse  "defensor de la libertad"?