Gustavo Ve
La historia argentina parece moverse en círculos, o más bien, en espirales que amenazan con regresiones peligrosas. El actual gobierno de Javier Milei, a través de sus políticas económicas de choque y su doctrina de seguridad, no parece buscar el futuro, sino retrotraer a la sociedad argentina a épocas oscuras. El objetivo se vislumbra claro: restaurar un orden donde la desigualdad, la injusticia y la xenofobia no sean errores del sistema, sino políticas de Estado promovidas activamente.
Para entender el presente, es imperativo mirar el espejo retrovisor del pasado. Un espejo que nos devuelve la imagen del 22 de noviembre de 1902.
De la "Ley de Residencia" al Protocolo Antipiquetes
Hace más de un siglo, bajo la iniciativa del célebre autor de Juvenilia, Miguel Cané, se sancionaba la nefasta Ley de Residencia (Ley 4144). Esta norma legal fue la herramienta predilecta de un Estado conservador para purgar a la sociedad de elementos que consideraba "indeseables o conflictivos".
En aquel entonces, el enemigo interno era el extranjero militante sindical: anarquistas, comunistas y socialistas que traían consigo las ideas de organización obrera. La justificación del entonces ministro del Interior, Joaquín V. González, resuena con una actualidad escalofriante:
"La agitación social en Argentina es producto de un par de docenas de agitadores de profesión... basta eliminar a éstos para devolver a la sociedad la tranquilidad merecida."
Hoy, la retórica ha cambiado un poco y los métodos represivos se han modernizado. La narrativa oficial sigue buscando enemigos internos : kukas,zurdos,mapuches,agitadores camporistas...y así buscan justificar la violencia estatal contra viejos,discapacitados,desocupados,ambientalistas,feministas, o cualquier otro colectivo en disidencia con el rumbo de las políticas libertarias oficiales.
El Nuevo "Orden" y la Criminalización de la Protesta
Si en 1902 la herramienta fue la expulsión de extranjeros, en la era de La Libertad Avanza la herramienta es el "Protocolo para el mantenimiento del orden público". Publicado el 14 de diciembre de 2023 mediante la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, este protocolo es la reencarnación moderna de aquellas políticas de control social.
Bajo la premisa de garantizar la circulación y el orden publico, el gobierno establece que cualquier manifestación que implique interrupción de la circulación en calles o rutas constituye un delito en flagrancia. Esta figura legal es la llave maestra que habilita a las fuerzas de seguridad a:
Se pueden observar así, situaciones que serían graciosas por lo grotescas si no fueran trágicas por las consecuencias: cada miércoles ,por ejemplo, pueden verse cientos de recios uniformados con pertrechos de combate, formados en fila,hombro con hombro, bloqueando el tránsito de calles y avenidas en las inmediaciones del Congreso, evitando que el ralo grupo de jubilados que protestan....bloqueen el tránsito de calles y avenidas.
El operativo suele terminar con algunos viejos golpeados o infamemente arrojados al piso esposados y reclamando a gritos por sus sillas de ruedas,bastones o andadores. Gran trabajo de los muchachos de las fuerzas de seguridad que protejen el Orden Publico de semejante amenaza
| Surgen interrogantes inevitables para cualquier observador democrático: ¿Se puede hablar de ejercicio de la democracia cuando quienes detentan el poder imponen normas que cercenan derechos y recortan libertades? ¿Es democrático criminalizar la protesta por decreto y perseguir judicialmente a referentes populares? |
Estrategia del Miedo y Respuesta Ciudadana
La estrategia del gobierno de Milei parece clara: silenciar toda voz disidente a través del miedo que genera la represión en las calles y la persecución judicial sistemática. Sin embargo, la convocatoria reciente en defensa de la Universidad Pública o aquella única vez en que varios colectivos y grupos de hinchas de fútbol acompañaron el obstinado reclamo de los jubilados, ha demostrado que cuando las demandas se unifican y se construye unidad desde la base,el Pueblo responde,se manifiesta y desborda las calles de forma masiva. Allí es cuando el brazo armado del Estado pierde impunidad para disparar porque la fuerza bruta no puede contra la fuerza de la organización popular,algo que haría muy bien en recordar cada sector que se atribuye el rol de opositor crítico del actual modelo o los declamantes defensores de las libertades republicanas.
Entrega o Resistencia
Nos encontramos en un contexto crítico: un aumento acelerado de la pobreza acompañado por la legitimación discursiva y fáctica de la violencia estatal. Ante este panorama, no basta con la denuncia ni con la indignación en las redes; resulta necesario analizar las consecuencias que produce en la sociedad la criminalización de la protesta para generar estrategias de resistencia efectivas.Es decir tomar el toro por las astas y activar. Ejemplo de acciones concretas hay muchos,pero como muestra hay que observar como los ambientalistas mendocinos llevan adelante en solitario sus luchas contra la mega minería que amenaza con depredar el medio ambiente en general y las cuencas hídricas en particular,algo que tarde o temprano impactará desastrosamente sobre todas las personas y regiones del país.
La memoria de la Ley de Residencia de 1902 no debe ser solo un recuerdo de manual escolar, sino una advertencia viva. Ante un gobierno que busca volver a un nefasto pasado, la sociedad deberá decidir si acompaña ese retroceso o si, con coraje, decide construir un futuro con inclusión,justicia e igualdad que será el legado que dejaremos a las nuevas generaciones que vendrán.
