Uspallata y el desafío de convertirse en un ejemplo de inclusión.

En el cierre de la 103° asamblea del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), realizada los días 20 y 21 de mayo en Buenos Aires, se anunció que San Juan será sede del próximo encuentro nacional programado para la última semana de junio.

En la asamblea, tras hacerse eco de denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos de este colectivo, generó un reclamo unánime: la suspensión inmediata de las auditorías a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
Accesibilidad electoral y crítica a las auditorías: Los ejes del debate
La asamblea, que reunió a autoridades provinciales y organizaciones civiles, centró su debate en dos temas urgentes. Por un lado, la región de Cuyo —representada por San Juan, Mendoza y San Luis— presentó un informe detallado sobre las barreras en el acceso al voto para las PcD, proponiendo mejoras y capacitación a autoridades de mesa.
Sin embargo, el tema que acaparó la atención fue la crítica a las auditorías de pensiones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI. Aunque los controles fueron reconocidos como “herramientas legítimas para garantizar transparencia”, se cuestionó su implementación.

Entre los casos reportados, se destacaron citaciones incomprensibles para personas con discapacidad intelectual o visual, falta de ajustes razonables durante las evaluaciones y suspensiones abruptas de pensiones sin garantías de defensa.

Un reclamo federal: Suspensión y mesa de trabajo
Las 24 jurisdicciones presentes —incluida San Juan, representada por la directora de Personas con Discapacidad, Paula Moreno— aprobaron por unanimidad pedir a ANDIS la suspensión temporal de las auditorías en todo el país. La medida busca frenar los procedimientos hasta que se garantice el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las PcD, que tiene rango constitucional en Argentina.
Además, se exigió la creación de una mesa interjurisdiccional dentro del COFEDIS, con participación federal y de la sociedad civil, para reformular los protocolos de auditoría. “No se puede auditar sin contemplar la diversidad funcional. Necesitamos mecanismos que prioricen la dignidad”, sostuvo un referente de Neuquén durante el debate.El reclamo cobra relevancia tras la derogación de la polémica Resolución N.º 187/2025, que establecía un nuevo baremo para evaluar a los beneficiarios. Pese a su anulación, las auditorías continúan bajo criterios anteriores, lo que —según denuncias— mantiene en incertidumbre a miles de familias.

Uspallata: ¿Una Zona Exenta de Inclusión para Personas con Discapacidad?
En el Valle de Uspallata, un interrogante preocupante flota en el aire: ¿Por qué se ignoran sistemáticamente las normativas que buscan garantizar la inclusión y protección de las Personas con Discapacidad (PcD)? Más allá de la visible escasez de estacionamientos reservados y rampas de acceso, la problemática parece profundizarse en la organización de eventos oficiales,sean estos desfiles patrios o festivales populares, donde la participación de personas con diversas dificultades motrices, intelectuales y otras, brilla por su ausencia.

La Ley 26.378, que establece un régimen para las PcD, parece tener una aplicación intermitente en la Alta Montaña mendocina. Vecinos y observadores críticos señalan que la normativa se reduce a una presencia casi simbólica frente al Hospital Luis Chrabalowski y la Escuela Combate de Potrerillos, y aun así, con evidentes limitaciones. "Parece que en la Alta Montaña no hay ley para los que tienen alguna discapacidad, salvo en un par de lugares puntuales,que se encuentran en Uspallata", comenta un residente local con preocupación.

La omisión de medidas inclusivas en los eventos oficiales es un punto de particular alarma. Las celebraciones, conmemoraciones o reuniones que convoca el ámbito público local, a menudo carecen de la más mínima consideración por las necesidades de las personas con discapacidad. Esto se traduce en la imposibilidad de acceder a los espacios, participar activamente o incluso simplemente presenciar los acontecimientos, generando una barrera adicional a la ya existente en la infraestructura.

La falta de rampas en veredas y edificios públicos, la ausencia de señalización adecuada para estacionamientos reservados, y la carencia de personal capacitado para la asistencia, son solo algunas de las falencias que denuncian quienes día a día se enfrentan a estas barreras. La situación genera un ambiente de exclusión que contradice directamente los principios de igualdad y no discriminación que la ley busca promover.
Es fundamental que las autoridades locales y provinciales tomen cartas en el asunto. La plena aplicación de la Ley Nacional 26.378,Ley Provincial 5041 y otras normativas pertinentes no debe ser una excepción, sino la regla.

Uspallata, con su belleza natural y su potencial turístico, tiene el desafío y la responsabilidad de convertirse en un ejemplo de inclusión, donde la participación de todas las personas, sin importar sus capacidades, sea una realidad palpable y no una mera declaración de intenciones. La comunidad espera respuestas y, sobre todo, acciones concretas que garanticen el derecho a la igualdad y a la inclusión  plena de las Personas con Discapacidad.

Disfrutar del Valle de Película en todos sus aspectos,debe ser un derecho garantizado tanto para residentes como para turistas,sin excepciones.