Corredor Bioceánico Eje Capricornio: Entre la Promesa de Desarrollo y la Deuda con los Pueblos Originarios

Gobernador de Salta Gustavo Sáenz con el  presidente de Paraguay Santiago Peña.

El tramo crucial que une Paraguay con Argentina, en la frontera entre Pozo Hondo y Misión La Paz, se encuentra en los ex lotes fiscales 55 y 14, un territorio sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya falló a favor de la ocupación ancestral de los pueblos originarios. El tribunal internacional ha sido enfático en señalar que las autoridades provinciales se han saltado la instancia de consulta previa, libre e informada, un derecho fundamental establecido en normativas internacionales.

Una "Consulta" en Entredicho

La provincia de Salta considera como "consulta" una conversación informal mantenida con algunos referentes de Misión La Paz durante una visita del presidente paraguayo en octubre pasado. Sin embargo, esta aproximación ha sido ampliamente criticada por su falta de formalidad y representatividad, distando mucho de los estándares exigidos para una consulta legítima.

La ausencia del gobernador Sáenz en aquella visita fronteriza, a pesar de su posterior reunión con Peña, se ha sumado a las suspicacias.

En Misión La Paz, donde conviven comunidades Wichí, Chorote y Chulupí, la modificación del puente fronterizo con Pozo Hondo es clave para el corredor. La implicancia de esta obra va más allá de lo infraestructural, ya que el impacto social es una de las mayores preocupaciones. Se estima que el paso de al menos mil camiones diarios podría arrastrar consecuencias no deseadas, como habilitar una importante  ruta para el COI (Crimen Organizado Internacional) para la trata de personas,narcotrafico,contrabando,tráfico de armas,precursores químicos,etc.

 A esto se suma la delicada situación de la titulación de tierras, que aún está en proceso, y el hecho de que el trazado de la ruta atraviesa territorio ancestral indígena.

Asamblea de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat que reúne a comunidades de los pueblos Wichí, Iyojwaja (Chorote), Niwaklé (Chulupí), Tapy'y (Tapiete) y Komlek o Q'om (Toba).

Proyección Geopolítica vs. Realidad Local
El gobernador Sáenz destacó que el corredor internacional multipropósito posicionará a Salta como un punto central de enlace, a través de los pasos fronterizos de Misión La Paz y Sico (límite con Chile). Asimismo, ponderó la gestión para la pavimentación y repavimentación de 263 kilómetros de rutas provinciales y la nacional 51, con el apoyo de FonPlata.
Tanto Sáenz como Peña resaltaron las oportunidades estratégicas que el corredor ofrecería a los cuatro países, especialmente a la zona del Mato Grosso do Sul en Brasil, por su densidad poblacional y desarrollo industrial. Se espera que esto facilite vinculaciones comerciales y el acceso a los puertos de Chile, abriendo las puertas a los mercados del sudeste asiático, epicentro de los flujos comerciales más dinámicos. Además, se concibe como un corredor de integración regional, promoviendo el comercio entre los miembros y descentralizando los flujos que históricamente pasaban por el centro del país.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. A nivel nacional, la decisión de no acompañar financieramente el proyecto ha generado incertidumbre. Críticos del corredor señalan la paradoja de que se impulsen obras de pavimentación que, argumentan, solo beneficiarían a comerciantes de Brasil y Paraguay, mientras otras obras importantes en la provincia se encuentran detenidas por falta de fondos. Adicionalmente, Salta ya cuenta con su salida al Pacífico, lo que pone en tela de juicio la verdadera necesidad de este nuevo trazado.

El Corredor Bioceánico encarna un dilema regional: ¿integración económica a costa de derechos humanos? 
El debate en torno al Corredor Bioceánico del Capricornio en Salta se complejiza al equilibrar la promesa de desarrollo regional con la imperiosa necesidad de respetar los derechos de los pueblos originarios.Mientras Paraguay y Salta aceleran gestiones, las comunidades de Santa Victoria Este exigen lo que la Corte IDH ya ordenó: una consulta auténtica. El desarrollo, advierten, no puede edificarse sobre el silencio forzado de los pueblos originarios.  

¿Podrán las autoridades conciliar estas dos visiones para asegurar un avance que beneficie a todos los actores involucrados?